Enrique Ochoa Reza, Pedro Joaquín Coldwell, Dulce María Sauri Riancho y Manlio Fabio Beltrones, consideran que la emisión de la convocatoria es ilegal.
Los expresidentes nacionales del PRI, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza, con el respaldo de Dulce María Sauri y Manlio Fabio Beltrones, impugnaron la convocatoria al proceso de elección interna del partido.
Este proceso permitirá la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas el 11 de agosto.
Solicitan que se suspenda el proceso, argumentando que está basado en los resolutivos de la XXIV Asamblea Nacional, los cuales están impugnados y aún no han sido validados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
El 12 de julio, el presidente de la Comisión de Procesos Internos del PRI emitió la convocatoria para el proceso interno ordinario de elección de las personas titulares de la presidencia y de la secretaría general del CEN del PRI para el periodo estatutario 2024-2028. Esta convocatoria se realizó conforme a los estatutos reformados el 7 de julio, con el objetivo de que los comicios se lleven a cabo el 11 de agosto por parte de la Asamblea de los Consejeros Nacionales.
Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, con el respaldo de Dulce María Sauri Riancho y Manlio Fabio Beltrones, consideran que la emisión de la convocatoria es ilegal, ya que contraviene los artículos 173, párrafo 2 de los Estatutos y 14, párrafos 1 y 4 del Reglamento para la Elección de Dirigentes.
Argumentan que su publicación coincide con los procesos electorales federal y en las entidades federativas.
En su impugnación, explican que, aunque la normativa electoral y las sentencias de la Sala Superior han determinado que no existe la suspensión de los actos en materia electoral, solicitan una interpretación sistemática y funcional de las disposiciones vulneradas. Esto con el objetivo de determinar la suspensión correspondiente y evitar que se realice un proceso de renovación basado en normas estatuarias que no han entrado en vigor para efectos generales, mismas que el INE podría declarar inconstitucionales e ilegales en el momento oportuno.
Aseguran que no suspender los actos reclamados podría generar una afectación irreparable a los derechos político-electorales de la ciudadanía y un detrimento al patrimonio del partido, que recibe financiamiento público.
También mencionan que podría permitirse la reelección del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, en contravención del principio republicano y de no reelección.
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