El 18 de abril, un juez federal dictó vinculación a proceso contra Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, un supuesto matrimonio que se asume propietario de 300 hectáreas de playa en Tilzapote, comunidad de Santa María Tonameca. Esta resolución supone un avance para comuneros que han denunciado el despojo de sus tierras por décadas, dice la abogada Edith Santibáñez.
Estas dos personas presentaron escrituras falsas de una compra-venta en 2002, de las cuales hay indicios que se prefabricaron con la notaria María Antonieta Velásquez Chagoya, y que misteriosamente se registraron hasta 2018 en el Registro Público de la Propiedad ubicado en San Pedro Pochutla.
A partir del fallo del juez, las amenazas contra la abogada Edith Santibáñez, el abogado Wiliam Méndez y los comuneros y comunas se incrementaron, por lo que a los defensores se les designaron escoltas para proteger su integridad.
“Hemos luchado muchísimo porque hubo grandes órdenes en los juzgados federales para el despojo, para el desalojo de esta comunidad, se tuvo que buscar al Presidente de la República, que instruyó a sus funcionarios que retomaran y revisaran el tema”.
Desde 2008, el supuesto matrimonio ganó un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA), que los reconoce como propietarios de estas tierras. En 2010 pusieron una denuncia ante la fiscalía, que solicitó detener a 60 comuneros.
El juez resolvió que no había elementos para ejecutar las órdenes de aprehensión; pero el MP apeló y el asunto se fue a la Primera Sala Penal y es aquí donde libran la orden de aprehensión contra los comuneros, quienes fueron encarcelados por más de un mes, en 2011, acusados de despojo.
Lo que advirtieron en la comunidad es que las autoridades agrarias y del Poder Judicial de Oaxaca se confabularon para despojar a la comunidad de 300 hectáreas de propiedad comunal a orilla de playa.
“Hemos interpuesto recursos de amparo que los han desechado porque había conflictos de intereses en diferentes instancias, como la delegación de la Procuraduría Agraria y el Tribunal Unitario Agrario del distrito 21, en Oaxaca”.
La abogada relata que después de revisar el expediente 414/2014 radicado en el Tribunal Unitario Agrario de Oaxaca, encontraron que no les dieron derecho a los comuneros a defenderse contra esa demanda.
También hallaron testimonios y documentos falsos, como las escrituras.
A raíz de eso, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por falsedad de documentos, de declaraciones y todo lo que resultara “porque había muchos vicios e irregularidades”, contra Pedro Martínez y Domitila Guzmán, y contra su representante legal, Ramiro Bravo Ruiz.
You must be logged in to post a comment Login