La diputada petista Martha Aracely Cruz Jiménez señaló una serie de supuestas irregularidades cometidas con el manejo de los recursos que el gobierno federal le envía a los municipios de Oaxaca, y señaló que ha recibido amenazas de muerte por visibilizar dicho tema, por lo que hizo responsable al gobernador de esa entidad, Salomón Jara, de cualquier agresión que pueda sufrir.
La legisladora mixe explicó que en las diversas localidades de Oaxaca existe la figura del “comisionado municipal”, quien está facultado para administrar las participaciones y aportaciones federales, entre ellos los de los Ramos 28 (de libre disposición para nómina o deudas) y 33 (etiquetados para salud, obras y educación).
Sin embargo, dijo, se ha hecho un “uso indiscriminado” de dicho puesto, el cual incluso ha sido utilizado por el gobierno del estado para “desestabilizar” a las administraciones locales que no son de su agrado.
“Desafortunadamente, en la legislación oaxaqueña no vienen las responsabilidades en las que se incurre por hacer mal manejo de estos recursos y tampoco viene la normativa de que se tienen que fiscalizar estos recursos de manera más puntual. Lo dejan a la libre determinación de la auditoría del estado o de la Auditoría Superior de la Federación”, apuntó.
En este marco, Cruz Jiménez señaló que las autoridades electas del municipio indígena de San Juan Mazatlán –reconocidas en abril pasado como válidas por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, tras una serie de conflictos locales—se acercaron a ella para denunciar que el gobierno del estado no los quería acreditar.
Luego de que aceptara acompañar la petición de las autoridades locales para que éstas pudieran acceder y utilizar los recursos enviados por la Federación (unos 130 millones de pesos), la diputada petista inició una serie de mesas de diálogo al respecto con el titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, José de Jesús Romero.
En los encuentros, el funcionario argumentó que se negaba a reconocer al nuevo alcalde, Esteban Santiago Aguilar, por estar supuestamente vinculado a grupos del crimen organizado, pero sin presentar pruebas de ello y sin haber interpuesto una denuncia al respecto ante la Fiscalía General de la República.
A esos dichos, aseguró Cruz Jiménez, se sumó la secretaria de enlace con municipios de la Secretaría de Gobierno, llamada Lucía Jazmín Torres Castillo, quien de acuerdo con la diputada federal, dio versiones “contradictorias” sobre el tema de los presuntos vínculos con criminales del alcalde electo de San Juan Mazatlán, y posteriormente incluso hizo afirmaciones amenazantes contra la legisladora por acompañar el caso.
