“Juan Antonio Vera Carrizal seguirá privado de su libertad en (el reclusorio de) Tanivet”, afirmó el gobernador Salomón Jara Cruz al tiempo que informó que ha solicitado que se evalúe la actuación del juez de control Teódulo Pacheco Pacheco, y si su actuación no estuvo apegada a derecho, se le apliquen las sanciones correspondientes y se deje sin efecto su resolución.
Y es que la resolución del juez no cumplió con el requisito de tomar en cuenta la perspectiva de género y los derechos de la víctima.
El mandatario estatal consideró que el mensaje del poder judicial es “muy peligroso” y alienta la impunidad en una entidad que históricamente ha presentado altos índices de violencia feminicida.
Por lo pronto, Jara Cruz anunció que solicitará al Poder Judicial del Estado de Oaxaca el cambio de medida cautelar del exdiputado del PRI para que permanezca en prisión preventiva en el penal de Tanivet.
“Como titular del poder ejecutivo instruí a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizar un diagnóstico específico en el caso, y la conclusión es que no existen las condiciones materiales para dar cumplimiento al cambio de medida cautelar que el juez dictó”, dijo.
Explicó que el domicilio en el cual se pretende llevar a cabo la prisión domiciliaria no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad, y el gobierno del estado no cuenta con el personal necesario para garantizar que el procesado no se evadirá de la acción de la justicia.
Por lo tanto, sostuvo que mientras Juan Antonio Vera Carrizal sigue privado de su libertad en Tanivet, solicitará al juez el cambio de medida cautelar. “A través de la Secretaría de Seguridad se hará del conocimiento al juez, para que tome en cuenta nuestra opinión respecto a la ausencia de condiciones”, explicó.
Abundó que, en estricto respeto a la división de Poderes, solicitará al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, inicie los procedimientos correspondientes para que se evalúe y garantice que la actuación del juez estuvo apegada a derecho.
En caso contrario, indicó, deberán aplicarse las sanciones correspondientes y dejarse sin efecto la resolución.
Jara consideró que, el mensaje enviado por el poder judicial es muy peligroso y alienta la impunidad en una entidad que históricamente ha presentado altos índices de violencia feminicida.
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