Advierte EU sobre abusos e impunidad en México

CDMX.- El gobierno de Estados Unidos alertó sobre la prevalencia en México de abusos por parte de la policía, el Ejército y otros funcionarios gubernamentales, un alto nivel de impunidad en la impartición de justicia y tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento.

A pesar de que las autoridades generalmente mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad en el país, existieron reportes de que miembros de las policías cometieron abusos significativos como desapariciones, tortura, asesinatos ilegales y tratos inhumanos, señala en su 47 Informe anual sobre los Derechos Humanos, el cual elabora con base en los reportes que le presentan sus embajadas en los cerca de 200 países y territorios en el mundo.

El documento, levantado entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, también reporta altos niveles de violencia y comisión de actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas en algunos puntos del país debido a la operación de los grupos del crimen organizado.

Sobre el tema, el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, aseguró que el objetivo del reporte no es avergonzar a los Estados, sino proporcionar un recurso para aquellas personas que trabajan en todo el mundo, a fin de salvaguardar y defender la dignidad humana cuando está amenazada.

EU destaca abusos de la GN contra personas

Alertan que en México hubo reportes de algunos casos en los que las fuerzas de seguridad federales cometieron asesinatos, desaparición forzada y tortura.

Abusos significativos de la Guardia Nacional y policías locales contra las personas, así como un alto indice de impunidad en la impartición de justicia, son algunos de los elementos que identificó el gobierno de los Estados Unidos en su 47 Informe anual sobre los Derechos Humanos en México.

Cada año, el Departamento de Estado elabora un informe con base en los reportes que le presentan sus embajadas en los cerca de 200 países y territorios en el mundo.

Al respecto, el secretario de Estado, Antony Blinken aseguró ayer que el objetivo del reporte no es avergonzar a los estados, sino proporcionar un recurso para aquellas personas que trabajan en todo el mundo, a fin de salvaguardar y defender la dignidad humana cuando está amenazada de muchas maneras, reconociendo también, el problema que enfrenta Estados Unidos en este tema.

“Nuestra voluntad de enfrentar nuestros desafíos abiertamente, de reconocer nuestras propias deficiencias, de no esconderlas debajo de la alfombra o pretender que no existen, es lo que nos distingue a nosotros y a otras democracias.

“El informe deja en claro que en 2022, en países de todas las regiones, continuamos viendo un retroceso en las condiciones de los derechos humanos: el cierre del espacio cívico, la falta de respeto por la dignidad humana fundamental”, aseguró en conferencia de prensa.

Abusos en el país

Sobre México, el Informe refiere que, pese a que las autoridades generalmente mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad en el país, existieron reportes de que miembros de las policías cometieron algunos abusos.

“Las cuestiones significativas de derechos humanos incluyeron informes creíbles de: asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de la policía, el Ejército y otros funcionarios gubernamentales; desaparición forzada por parte de agentes del gobierno; tortura o trato o castigo cruel, inhumano y degradante por las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y que amenazan la vida; arresto o detención arbitraria discapacidades.

“La impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos de los derechos humanos y la corrupción”, se indicó.

El informe levantado entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 apunta a altos niveles de violencia en algunos puntos del país, debido a la operación de grupos del crimen organizado.

“Los elementos criminales, incluidas las pandillas locales y transnacionales y los traficantes de estupefacientes, fueron autores importantes de crímenes violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas, lo que resultó en altos niveles de violencia y explotación. El gobierno investigó y procesó algunos de estos delitos, pero la mayoría siguió sin investigar y sin ser procesada”.

En el Informe se describen algunos casos en los que se vieron involucrados elementos de las fuerzas de seguridad federales y locales y por los cuales fueron señalados por violar los derechos humanos.

En el capítulo México se expone el caso de las organizaciones civiles que han sido denostadas desde el gobierno por denunciar presuntos abusos contra el medio ambiente durante la construcción del Tren Maya.

Sobre el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la ubica como una institución semiautónoma con cercanía al Ejecutivo.

“Los grupos de la sociedad civil cuestionaron la independencia de la CNDH, citando los estrechos vínculos de la presidente de la CNDH, Rosario Piedra, con el presidente López Obrador. Señalaron que la CNDH no se pronunció con respecto a preocupaciones apremiantes como el papel de los militares en las actividades de seguridad pública”.

Contra periodistas

En el Informe 2022 del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos, respecto a México, se reconoce por segundo año consecutivo el clima de animadversión que enfrentan quienes ejercen la profesión de periodistas debido a ataques desde distintas esferas del poder.

“El descrédito oficial de los trabajadores de la prensa empeoró a partir de junio de 2021, cuando las autoridades introdujeron de manera regular una sección de Quién es quién en mentiras, en la conferencia de prensa matutina del presidente para exponer a los periodistas que supuestamente informaron de noticias falsas.

Recuerda que, sobre esto, el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH sugirió al presidente López Obrador suspender este segmento de su conferencia matutina, dada la escalada de la violencia contra los periodistas.

Se reconoce, adicionalmente, la violencia y acoso que mantienen los trabajadores de los medios de comunicación como “asesinatos, ataques físicos y cibernéticos, acoso e intimidación (especialmente por agentes estatales y organizaciones criminales transnacionales) en respuesta a sus informes”.

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