La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes una reforma a la Constitución que establece restricciones para participar en procesos electorales a personas señaladas por involucrarse en acciones consideradas como intentos de golpe de Estado, solicitar intervención militar extranjera o promover bloqueos económicos contra el país.
La modificación fue aprobada por unanimidad durante una sesión especial realizada en León, según informó el presidente del órgano legislativo, Gustavo Porras. El Parlamento se encuentra bajo control del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), encabezado por el presidente Daniel Ortega.
Entre los cambios también se encuentra la ampliación del periodo presidencial de seis a siete años. La nueva duración será aplicable tanto a la Presidencia como a otras autoridades que hayan sido elegidas mediante voto popular. La reforma deberá ser ratificada durante una segunda legislatura, prevista para comenzar a inicios de 2027.
La iniciativa fue presentada por Ortega el pasado 19 de julio, durante la conmemoración de la Revolución Sandinista.
La propuesta establece además que Nicaragua no reconocerá la aplicación de leyes extraterritoriales emitidas por otros Estados, grupos de Estados u organismos internacionales.
El gobierno de Ortega y Rosario Murillo mantiene el control de las principales instituciones del país. Desde las protestas de 2018, que dejaron más de 300 personas muertas según cifras de Naciones Unidas, miles de nicaragüenses han salido del país. Entre ellos se encuentran dirigentes opositores, académicos y representantes religiosos que posteriormente fueron despojados de su nacionalidad bajo acusaciones de traición a la patria.
La oposición nicaragüense, principalmente radicada en el extranjero, sostiene que las nuevas disposiciones pueden dificultar aún más la participación de sus integrantes en futuras elecciones. También considera que los cambios constitucionales pueden favorecer la continuidad del poder dentro de la familia Ortega-Murillo.
La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene previsto realizar una reunión de cancilleres para analizar la situación de Nicaragua y posibles medidas contra el gobierno. La convocatoria fue impulsada por Estados Unidos, aunque todavía no se ha establecido la fecha del encuentro.
Nicaragua tenía previsto realizar elecciones este año, pero una reforma constitucional aprobada en 2024 extendió el periodo presidencial de cinco a seis años y trasladó los comicios a noviembre de 2027. En aquella modificación también se estableció la figura de copresidenta para Rosario Murillo, quien anteriormente ocupaba la vicepresidencia.
