Casi 400 personas defensoras de derechos humanos indígenas e integrantes de la comunidad cultural, artística y cinematográfica reprobaron y repudiaron la violencia institucional que funcionarios del gobierno de Oaxaca ejercieron en contra de la cineasta mixteca Ángeles Cruz, a quien violentaron su derecho a la libre manifestación tras intentar protestar durante la Guelaguetza.
A través de un comunicado, una treintena de defensores y al menos 329 integrantes de la comunidad artística y cultural, incluidas directoras y directores de cine, actores y actrices, guionistas; etcétera, calificaron como inaceptable el trato que funcionaros oaxaqueños dieron a la cineasta, quien acudió a “la máxima fiesta e Oaxaca” a exigir freno a los ataques armados en su comunidad, así como las agresiones que sufrieron integrantes de la prensa que cubrieron el hecho, entre ellos Edwin Hernández, fotógrafo de un medio nacional.
Entre los firmantes destacan la cantante Regina Orozco, el flautista Horacio Franco, el actor y director Daniel Jiménez Cacho, la actriz Dolores Heredia, entre muchos otros.
Ayer, mientras el gobernador Salomón Jara Cruz (Morena) encabezaba el primer Lunes del Cerro y el arranque de la edición número 92 de la Guelaguetza, encuentro que celebra a los pueblos indígenas de Oaxaca, la cineasta originaria de San Miguel El Grande fue intimidada y violentada por funcionarios de su gobierno, policías y personas vestidas de civil, quienes buscaban impedir que la también actriz protestara en el auditorio del Cerro del Fortín para exigir al mandatario que atienda la violencia que vive su comunidad, misma que ha dejado al menos ocho personas asesinadas en emboscadas, presuntamente de parte de sus vecinos de Llano de Guadalupe.
“Resulta indignante que siendo un evento que presume de ‘ser un espacio para los pueblos indígenas’, sea también el primero donde el Gobierno del Estado de Oaxaca reprime y ejerce actos de violencia institucional contra aquellas personas indígenas, especialmente mujeres, que han alzado la voz en el desarrollo de los llamados Lunes del Cerro para denunciar la violencia que se ejerce contra ellas o sus comunidades”, cita el comunicado que acumula casi 400 firmas.
Para quienes respaldaron la exigencia de Ángeles Cruz, muchas veces los hechos violentos que acontecen en las comunidades originarias se minimizan oficialmente con el pretexto de tratarse de “conflictos entre pueblos indígenas”, cuando en muchos casos “son situaciones mucho más complejas a la luz de los intereses del crimen organizado, de las empresas extractivas o de agentes políticos, dejando así a las comunidades en estado de zozobra”.
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