CDMX.– La falta de protección a la vaquita marina amenaza con cobrar de nueva cuenta factura a México, ya que el Departamento del Interior de Estados Unidos decidirá el próximo 19 de mayo, con anuncio público el 3 de junio, la certificación de nuestro país bajo la llamada Enmienda Pelly a la Ley de Protección de los Pescadores por «socavar la eficacia de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)».
En caso de que el gobierno mexicano no obtenga el visto bueno estadounidense, el presidente Joe Biden tendría que decretar sanciones comerciales contras las importaciones de nuestro país, incluidos pescados y mariscos, así como otras especies de origen silvestre.
El mercado de Estados Unidos representa el 50 por ciento de las ventas al exterior de México, lo que equivale a 763.5 millones de dólares anuales, según las estadísticas de 2021, que son las más actuales que tiene disponible Conapesca.
Desde agosto de 2018 con una ampliación en 2020, existe un embargo comercial vigente por parte del Gobierno de Estados Unidos contra todas las pesquerías del Alto Golfo de California, las que se realizan en pequeñas embarcaciones y barcos, debido a las nulas acciones para salvar a la vaquita marina de la extinción.
Con las eventuales nuevas sanciones por parte de la administración Biden, la prohibición de vender pescados y mariscos a Estados Unidos, se podría ampliar a toda la República Mexicana con graves afectaciones a miles de pescadores y toda la cadena de suministro en territorio nacional.
Apenas el pasado 27 de marzo, la Secretaría General de la CITES informó a los 184 países miembros sobre sanciones comerciales contra México, debido a que el gobierno presentó un nuevo Plan de Acción para la protección de la vaquita marina considerado como «no adecuado», porque no contiene plazos claros para la aplicación y seguimiento de las diferentes etapas de la estrategia.
CITES determinó suspender de inmediato todas las importaciones y exportaciones de especies, productos y subproductos de México al mundo reguladas por la Convención, que según cálculos conservadores, podría generar pérdidas por mil 500 millones de dólares anuales, principalmente para comunidades rurales, ejidos y pueblos indígenas.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), anunció desde hace 15 días el envío de una delegación a Ginebra para tratar de revertir las sanciones de CITES, pero hasta la fecha no ha informado nada sobre el estatus de las negociaciones y los resultados obtenidos por parte de sus funcionarios.
En un comunicado de prensa, el Centro para la Diversidad Biológica, el Instituto de Bienestar Animal y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, revelaron que el acuerdo suscrito entre un tribunal federal y el Departamento del Interior de Estados Unidos, que podría desencadenar nuevas sanciones comerciales contra México, tiene que ver con una demanda presentada por las ONG’s el año pasado.
DJ Schubert, representante del Instituto de Bienestar Animal, destacó que con el embargo de CITES, quedó demostrado que México viola acuerdos internacionales sobre vida silvestre, lo que debe ser sancionado con base en la Enmienda Pelly.
Explicó que el presidente Biden debe notificar en un plazo no mayor a 60 días al Congreso de EU la decisión que haya tomado sobre la vaquita marina, lo que puede impactar en todas las importaciones de pescados y mariscos procedentes de México.
Por su parte, Sarah Uhlemann, directora de Programas Internacionales del Centro para la Diversidad Biológica, dijo que están «aliviados de que el Gobierno de Estados Unidos finalmente vaya a aplicar un embargo comercial».
«La vaquita marina está al borde de la extinción y las fuertes sanciones de Estados Unidos obligarán a México a actuar de una vez por todas», señaló.
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