Oaxaca de Juárez.—El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) afirmó que desde los años ochenta a la fecha, más de siete mil personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en la región Triqui de Oaxaca.
En 2010, recordó, los pueblos de San Juan Copala y San Miguel Copala fueron objeto de la violencia ejercida por paramilitares que resultó en desplazamientos forzados masivos.
Mientras que en 2020, la situación se repitió con la comunidad de Tierra Blanca Copala, donde “una vez más el pueblo triqui tuvo que abandonar sus hogares, dejando atrás no sólo tierras y casas, sino también sueños, costumbres y vidas truncadas por el abandono del Estado”.
“Millones de dolores y sufrimientos se suman a esta cifra, pero también una voluntad inquebrantable de seguir luchando por el retorno a nuestros hogares, por la restitución de nuestras tierras y por la justicia que hasta ahora ha sido esquiva”, agregó a través de un pronunciamiento.
Lo anterior, tras la firma de la iniciativa de Ley para Prevenir, Atender y Reparar el Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Oaxaca, por el Gobierno del estado y por el Alto Comisionado de Derechos Humanos (ONU-DH) y el ACNUR.
Según el MULTI, esta iniciativa es, sin duda, el reflejo del clamor de las víctimas del estado de Oaxaca y del pueblo triqui que ha sufrido, durante décadas, la violencia y el despojo que no soólo ha marcado su territorio, sino también su historia.
“El desplazamiento forzado interno ha sido una constante en nuestra región desde los años 80, y sus secuelas son visibles en las comunidades de la región triqui”.
La organización afirmó que la iniciativa es un paso importante hacia el reconocimiento de su “dolorosa realidad” y de sus derechos fundamentales como pueblos originarios.
Sin embargo, señaló que esto es sólo un primer paso y que la lucha debe continuar para que esta ley se transforme en un mecanismo real y efectivo para garantizar la no repetición de estos desplazamientos y la reparación integral a las víctimas.
“Exigimos firmemente al Congreso del Estado de Oaxaca que apruebe sin dilaciones esta iniciativa de ley y que se comprometa a la creación de políticas públicas que frenen este fenómeno de desplazamiento forzado en nuestras comunidades”.
También sostuvo que no es suficiente con reconocer el sufrimiento; es necesario actuar con urgencia para poner fin a esta violencia estructural, que ha despojado de su dignidad y sus derechos a cientos de familias triquis.
“La historia de nuestra lucha, la memoria de nuestras víctimas, y la fuerza de nuestras comunidades exigen que el Congreso del Estado de Oaxaca actúe con responsabilidad y compromiso”.
Y por último, advirtió que no tolerarán más simulaciones ni demoras. “Las comunidades triquis seguimos en pie de lucha, con la firme convicción de que sólo a través de la unidad, la resistencia y la organización popular, lograremos la verdadera justicia para nuestra región”.
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