En los primeros 100 días de Salomón Jara Cruz (Morena) al frente del gobierno de Oaxaca se iniciaron indagatorias por al menos 12 presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por dependencias de la administración estatal que encabeza, mismas que están contenidas en seis expedientes de queja y seis cuadernos de antecedentes que ha iniciado la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) desde el 1 de diciembre de 2022.
El gobierno de Jara Cruz comenzó con el desalojo de familias desplazadas triquis quienes por más de 12 años habían permanecido en los Portales del Palacio de Gobierno de Oaxaca en una protesta pacífica para exigir el retorno seguro a San Juan Copala, comunidad de la Mixteca de la que salieron huyendo por ataques de grupos paramilitares.
El operativo de desalojo fue ampliamente criticado por organizaciones sociales y activistas, quienes condenaron que un gobierno que se enunció del pueblo comenzara con acciones que calificaron como represión. A tres meses distancia, el mandatario presume la liberación de ese espacio como uno de los logros de sus primeros 100 días.
Según las cifras de la defensoría, sólo en diciembre de 2022, el primer mes de Jara como gobernador, se iniciaron cinco indagatorias por presuntas violaciones a derechos humanos, dos contenidas en expedientes de queja y tres en cuadernos de antecedentes.
En ese mes de arranque, las garantías más violentadas, según las indagatorias, fueron el derecho a la legalidad y el derecho a la libertad deambulatoria, mientras que las dependencias más señaladas fueron el Instituto de la Función Registral del estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca (SSPCO).
Con el avance de los meses, el gobierno estatal ha enfrentado nuevos señalamientos por violentar los derechos humanos, los más recientes luego del empleo de fuertes operativos de la Policía Estatal, perteneciente a la Secretaría de Seguridad, para desalojar manifestaciones en el Palacio de Gobierno, una de mujeres triquis y una de pobladores zapotecos de Xiacuí, en el segundo caso se usó gases y golpes encontrados de los inconformes; además este medio documentó heridos. Por estos hechos la defensoría comenzó una investigación.
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