Organizaciones y colectivas de búsquedas de personas desaparecidas, expusieron el alza de desapariciones forzadas en Oaxaca y rechazaron las descalificaciones del gobierno de México al informe emitido por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, “la activación de este recurso internacional es una confirmación de la gravedad de las desapariciones”.
Indicaron que la activación del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, es una confirmación de la gravedad de las desapariciones en México, el cual evidencia la insuficiencia institucional y la impunidad que prevalece en el Estado mexicano, donde Oaxaca no es ajeno a esta situación.
Las organizaciones integradas por Sabuesos Guerreras Oaxaca, Oaxaqueños Buscando a los Nuestros, Concordia, Sol Rojo, Caminos, Manos Migrantes, Cojudidi, y otros, pidieron que se reconozca la crisis de desapariciones de más de 132 mil personas en México.
Señalaron que, por ejemplo, en Oaxaca, las desapariciones forzadas han ido al alza desde el 2022, “nos seguimos enfrentando a una simulación y una ficción jurídica del gobierno estatal ante la táctica de dilación sistémica y la falta de conciencia e incumplimiento del Gobernador del Estado en su calidad de presidente de la Junta del Órgano de Gobierno”.
En este contexto, las organizaciones y colectivos exigen al gobierno federal y al gobierno de Oaxaca, que no se simplifique la gravedad de las desapariciones forzadas y que se garantice el cumplimiento de las medidas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones.
En este marco deben fortalecer a la Comisión local de Búsqueda y de Atención a Víctimas, así como a los procesos de búsqueda e investigación.
Al gobierno encabezado por Salomón Jara Cruz, le exhortaron hacerse cargo de los obstáculos que impiden la judicialización de casos, así como la atención debida a las desapariciones de las personas migrantes, personas de la diversidad sexual y de género.
“Que facilite los procesos de denuncia y de búsqueda, investigación, reparación y memoria relacionados con los casos de larga data; Que adopte las recomendaciones y cumpla con las condiciones mínimas de la política nacional; principalmente, que instrumente el órgano de gobierno de búsqueda de personas desaparecidas”, solicitaron.
