Juchitán.– Ante lo que perciben como escasos avances en el tema de justicia, la Comisión de Paz y Concordia de la Nación Ikoots (COPACNI) acordó ayer, con instancias gubernamentales, la elaboración de un “Plan Integral de Reparación del Daño”, por los hechos de violencia ocurridos entre mayo y junio del año 2020 en el municipio de San Mateo del Mar.
En ese entonces, en el poblado ikoots de Huazantlán del Río, que pertenece a San Mateo del Mar, se suscitó una masacre que dejó un saldo de 15 personas asesinadas y, desde entonces, la comunidad ikoots ha demandado la aplicación de la justicia, y a partir de esa exigencia se creó en ese municipio la COPACNI.
Los representantes de esa instancia civil, creada por iniciativa de los barrios, agencias y secciones territoriales de San Mateo del Mar, solicitaron una reunión con funcionarios estatales como la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para revisar los temas de justicia que demanda la nación ikoots.
Dicha reunión extraordinaria “fue requerida por la COPACNI, por presión de las agencias, secciones y barrios de San Mateo, quienes, luego de la realización de cinco mesas de trabajo, no perciben avances concretos sobre sus demandas principales, relativas a la cancelación de 161 órdenes de aprehensión, emitidas por un juez de Salina Cruz”.
En dicho encuentro, que se realizó en las instalaciones que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en San Mateo del Mar, las partes acordaron, entre otros puntos, reforzar la atención al cumplimiento completo de todo lo contenido en la Recomendación CNDH 54VG/2022, que implique la cancelación de las 161 órdenes de apr3hensipon existentes Huazantlán del Río.
Los integrantes de la COPACNI, pidieron que se valore su petición para “las instituciones gubernamentales reconozcan a todo el pueblo de San Mateo, como víctima, en su carácter de sujeto colectivo, debido al clima de violencia, intimidación y miedo impuesto por Jorge Leoncio Arroyo (excandidato morenista a Salina Cruz) y sus pistoleros a lo largo del periodo 2017 – 2022”.
En dicho encuentro, que acordó una nueva reunión el siete de octubre, se consideró que la Comisión Estatal de Víctimas, designará asesores jurídicos para revisar los expedientes penales de todos los 161 casos que tienen órdenes de aprehensión, dentro de los cuales prioritariamente los cinco detenidos, y en dicha labor, la CEEAV se coordinará con el enlace jurídico de la COPACNI.
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