Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz fueron puestos bajo custodia federal.
Las autoridades de Estados Unidos detuvieron al exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y mantienen bajo custodia al extitular de Finanzas estatal, Enrique Díaz, dentro de una investigación que involucra a funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntos nexos con una facción del Cártel de Sinaloa.
El caso también incluye al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a otros exservidores públicos de la entidad. Las indagatorias forman parte de una estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ordenó a las fiscalías federales priorizar procesos relacionados con terrorismo contra funcionarios presuntamente vinculados con grupos del narcotráfico.
Mérida Sánchez ingresó a territorio estadounidense el pasado 11 de mayo por la garita de Nogales, Arizona, luego de salir de Hermosillo, Sonora. Tras cruzar la frontera fue asegurado por el Servicio de Marshals y posteriormente trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por conspiración para el tráfico de drogas, posesión de armas, secuestro y obstrucción de la justicia.
Durante su audiencia inicial en Manhattan se declaró no culpable.
Las investigaciones estadounidenses señalan que el exsecretario habría recibido pagos mensuales de 100 mil dólares para intervenir en operativos de seguridad y favorecer a integrantes de Los Chapitos. También se le atribuye colaboración para facilitar actividades relacionadas con el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas.
En el caso de Enrique Díaz, fuentes gubernamentales indicaron que el exfuncionario se presentó ante autoridades estadounidenses mediante la gestión de sus abogados.
La investigación lo relaciona con presuntas operaciones financieras ligadas a contratos, pagos y movimientos de recursos públicos durante su gestión al frente de la Secretaría de Finanzas entre 2021 y 2024.
La Unidad de Inteligencia Financiera también aplicó el bloqueo de cuentas bancarias a Rubén Rocha y al senador Enrique Inzunza como parte de acciones de cooperación internacional. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que “no tenía conocimiento previo de esa medida”.
Las autoridades estadounidenses adelantaron que el proceso judicial continuará en las próximas semanas y fijaron para el 1 de junio una audiencia en la que se revisará la situación jurídica de los implicados y posibles medidas cautelares.
