El Poder Judicial de Oaxaca entregó una propuesta al Senado de la República en la que recomienda establecer un régimen transitorio con metas para la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), cuya implementación fue postergada por cinco años.
En el documento, elaborado por el presidente de la Comisión para la Implementación del CNPCyF del Poder Judicial de Oaxaca, se propone establecer obligaciones, plazos intermedios y seguimiento institucional a los poderes judiciales locales rumbo al 2031.
También, sugiere que haya una certificación operativa en la que se faculte a la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar en México (Cocifam) y a la Secretaría de Gobernación (Segob), para evaluar y certificar la preparación de cada tribunal (infraestructura, personal, tecnología y accesibilidad.
Así como asignar recursos según criterios geográficos, culturales y de infraestructura, atendiendo a la realidad de cada entidad federativa; y que la entrega de recursos económicos federales y estatales estén directamente ligados con la entrega de resultados en esos procesos de certificación.
La propuesta fue entregada por la presidenta del Poder Judicial en Oaxaca, Erika Rodríguez Rodríguez, y el magistrado presidente de la Comisión para la Implementación del CNPCyF, Juan Carlos Díaz Carranza, al senador de la República, Javier Corral Jurado.
El 20 de octubre de 2026, la Cámara de Diputados aprobó prorrogar la fecha límite para implementar el CNPCyF de abril de 2027 al 1 de julio de 2031. El dictamen, además, modifica el artículo sexto transitorio para prohibir que se afecten recursos de programas sociales federales; pero omite crear un esquema de financiamiento propio para los tribunales locales.
Díaz Carranza explicó que los asuntos civiles y familiares concentran cerca del 76 por ciento de la carga de trabajo de los tribunales locales; y postergar el código perpetúa juicios lentos y formalistas.
Y advirtió que la demora afecta a grupos vulnerables porque perjudica el interés superior de niñas, niños y adolescentes en litigios familiares y limita la capacidad jurídica de personas con discapacidad.
Además, apuntó que exigir una transformación hacia la oralidad y la justicia digital sin recursos etiquetados profundiza la desigualdad entre estados.






